El ministro que negó industria del secuestro, minimizó sicariatos y cayó por nexo con narco

En un año y un mes de gestión en el Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio justificó la inacción policial en el norte, negó que exista una industria del secuestro, dijo que los sicariatos son casos puntuales, impidió modernizar el sistema de Identificaciones, reconoció que sabía de la presencia de fronterizos en San Bernardino y atacó la Bolsa de Valores del Paraguay. Finalmente, cayó al descubrirse y admitir su estrecho vínculo con el segundo mayor narcotraficante del Brasil.

 

El 22 de enero del 2021, Arnaldo Giuzzio era anunciado como ministro del Interior, en reemplazo de Euclides Acevedo, precedido por el también cuestionado y soberbio Juan Ernesto Villamayor. Al asumir el 25 de enero, Giuzzio prometió poner fin a las barreras policiales y apostar a la tecnología para los controles en las calles.

Los primeros meses pasaron desapercibidos como la nada misma, pues no se observó ningún cambio positivo en la institución. Sin embargo, el primer gran golpe que le tocó afrontar fue el secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos.

En aquel entonces justificó la inacción policial en el norte de la región Oriental y argumentó que la cartera a su cargo no tiene atribuciones operativas en dicha zona, pero que respeta el reclamo de la familia de la víctima. También trató de estúpidos a periodistas que le consultaron si el Ministerio estaba realmente interesado en que los secuestrados vuelvan a sus casas.

 

Además, sobre la lucha contra los grupos armados, tiró por el suelo toda esperanza de acabar con los criminales, ya que definió la lucha como “jugar un partido a oscuras, ellos ven el arco, y las fuerzas públicas no”.

En cuanto a la seguridad en el barrio San Francisco, responsabilidad policial de las comisarías instaladas en el lugar, Giuzzio admitió que no estaba enterado de que los pobladores vivían atemorizados por la delincuencia imperante. Se le dijo a una lugareña que le reclamó mayor presencia estatal para repeler a los adictos.

El 7 de septiembre, el presidente Mario Abdo Benítez le dio un “ultimatum” a Giuzzio, a fin de que implemente un plan para al menos, contrarrestar la ola delictiva. El plazo concedido fue de tres meses.

Días después fue asesinado por sicarios el empresario Mauricio Schwartzman, en una vivienda ubicada en el barrio Jara de Asunción, no en la frontera, donde estos hechos son más habituales.

Al respecto, Giuzzio opinó que se trata de casos puntuales y que, normalmente, “son de esperar”, porque es parte de la práctica usual de las organizaciones criminales.

También dentro del mes de septiembre, se registró otro caso de sicariato en el que resultó víctima un militar. Sucedió en el barrio San Miguel, el mismo en el que vive Arnaldo Giuzzio y donde los vecinos también reclamaron la incesante inseguridad y aseguraron que la casa del entonces ministro, era la única resguardada por la Policía.

Todavía dentro del noveno mes del año, ocurrió una violenta manifestación protagonizada por campesinos e indígenas, en reclamo al rechazo de la ley que aumenta las penas por invasión de inmuebles ajenos. Hubo saqueos, asaltos y destrozos de vehículos Sobre lo sucedido, Giuzzio consideró que fue “una escaramuza más”.

Ya en octubre, en una segunda reunión con Mario Abdo, el mandatario volvió a exigir resultados a Giuzzio, todavía dentro del plazo de aquel ultimátum de tres meses. En el encuentro, el ministro consideró que lo que se registra es una “sensación de inseguridad”.

En cuanto al Departamento de Identificaciones, Giuzzio impidió que se implemente el nuevo y moderno sistema que expedirá en tiempo récord las cédulas con chips. En su lugar, optó por hacer otro millonario llamado a licitación para comprar cédulas y pasaportes del viejo formato.

Ya en noviembre, tuvo la gentiliza de avisar con anticipación, que medida que se aproximaba fin de año, comenzarían a aumentar los asaltos y los índices de delincuencia en general. Gracias a esto, la ciudadanía pudo prepararse mentalmente, pero nadie logró evitar la ola de inseguridad.

No conforme con sus desatinadas declaraciones, el 16 de noviembre, al cumplirse 20 años del secuestro de María Edith Bordón, el primero perpetrado por el EPP, Giuzzio consideró oportuno opinar que en Paraguay no existe la industria del secuestro.

Tras los primeros 11 días del 2022, luego de sus vacaciones en el Brasil, a donde viajó en el auto del segundo mayor narco de ese país, tras pedirle prestado el vehículo personalmente, Giuzzio se encontró con la sorpresa de que Identificaciones estaba a horas de implementar el código QR en las cédulas.

Al llegar admitió que nadie le había informado nada a él ni a su viceministro. Posteriormente, se resolvió suspender la implementación del código, debido a unos “ajustes” pendientes.

En relación la tragedia ocurrida en San Bernardino, donde sicarios asesinaron a dos personas, el entonces ministro confesó que la Policía manejaba la información de que fronterizos de Pedro Juan alquilaron viviendas un fin de semana en esa ciudad y que participarían de aquel concierto. Sin embargo, no se tomó ninguna medida preventiva ante semejante sospechosa presencia.

Posteriormente se defendió diciendo que su gestión presenta “estadísticas interesantes” y que no pensaba renunciar, pero que su cargo siempre está a disposición, algo redundante e innecesario, ya que el presidente tiene las atribuciones de disponer de todos los cargos, sin necesidad de que los funcionarios estatales los ofrezcan.

A partir de entonces, un grupo de diputados presentó un libelo acusatorio para impulsar el juicio político a Giuzzio y destituirlo por esta vía constitucional. El primero en saltar en su defensa fue el vicepresidente Hugo Velázquez, quien lo calificó como una persona honesta.

El 4 de febrero, diputados oficialistas y opositores salvaron del juicio a Giuzzio y lo mantuvieron en el cargo, tal como lo solicitó Velázquez.

Por si fuera poco, en el mismo mes, Giuzzio acusó de manera temeraria al mercado de valores del Paraguay como “bolsa de delincuentes”, lo cual tuvo una repercusión negativa en todo el sistema financiero e hizo que todos los actores se pronuncien al respecto, en repudio a dichas afirmaciones.

Finalmente anoche, mediante una investigación del periodista Jorge Torres, se conocieron los vínculos de Giuzzio con el segundo mayor narco del Brasil: Marcus Vinicius.

En sus vacaciones de finales de diciembre e inicios de enero, Giuzzio tuvo un inconveniente vehicular de ida al país vecino, por lo que, retornó a Ciudad del Este, y rápidamente pensó en Vinicius, a quien llamó personalmente a su teléfono celular y le pidió ayuda, según él mismo reconoció hoy.

El delincuente, actualmente detenido en Brasil tras el fracaso policial en Paraguay, aceptó darle una mano amiga y por si hubiera dudas, le prestó su vehículo de uso familiar y no se lo arrendó, como declaró hoy Giuzzio.

Desde la empres Ombu SA, propiedad de Vinicius, informaron que no se arrendó ningún vehículo al ministro, sino que directamente se le prestó y que el rodado no figura entre los arrendables, ya que pertenece a Vinicius y lo utiliza para movilizarse con su familia.

Ante tamaño escándalo del que finalmente todos los sectores y hasta medios defensores de Giuzzio se hicieron eco, finalmente Mario Abdo Benítez decidió destituir a Giuzzio, quien tras un año y un mes de gestión y todas las perlas citadas más arriba, finalmente cayó por su vínculo con el segundo mayor narcotraficante del Brasil, de quien, según él, no sospechaba nada, pese a que la Policía Federal compartió los datos con la Senad hace más de un año, cuando Giuzzio estaba al frente.

 

 

 

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